"El 10 de agosto[de 1996]era la fecha fatal para la apertura a la competencia en larga distancia. Nunca en mi vida he trabajado más que en esos meses. Había pasado la Ley, se habían otorgado concesiones a los entrantes, se habían emitido las reglas para la competencia. Sin embargo nadie había pensado en la agencia reguladora. En vez de quedarme como Subsecretario, me gané la rifa del tigre y el Presidente Zedillo me mandó a Cofetel. El día que se abrió la competencia, perdí mi oficina con peluquería y comedor privado en la Secretaría, y me mandaron a un rincón en la torre de telecomunicaciones donde mi escritorio era una caja de cartón. La Oficialía Mayor me mandó decir que tenía que devolver de inmediato mi computadora. Así fue el inicio de este largo proceso. Sin oficinas, sin comisionados, sin personal, sin presupuesto, sin computadora y por supuesto, sin autonomía..."[1]
La reivindicación del testimonio que antecede va más allá de la anécdota, del registro del hecho curioso que siempre se presenta en la historia de cualquier organismo. Si se consideró adecuado rescatarlo es porque plantea con claridad el escenario y las condiciones de creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cuyo origen se remonta al 9 de agosto de 1996, cuando efectivamente se promulga el Decreto presidencial que la origina[2]. Como resulta evidente, el órgano regulador de las telecomunicaciones nacía apenas por la voluntad de sus creadores, y debía de crearlo todo para ganar su espacio institucional, para estar en condiciones de iniciar su operación y mantener su funcionamiento.
Y la remembranza también hoy es pertinente porque antes de que termine el año la Cofetel habrá de dar paso formal al nuevo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismo que además de autónomo a nivel Constitucional tendrá ahora no cajas de cartón para habilitar escritorios, sino por lo menos un edificio moderno de diez pisos que alberga recursos y activos de todo tipo, con los cuales podrá iniciar su desempeño y cumplir las altas expectativas que ya despierta y atrae. Así pues, la emergencia institucional de ambos órganos es desde ya muy distinta.
Más las diferencias de origen evocadas pierden relevancia y quedan de lado al considerar una situación que en contraste comparten uno y otro organismo. En efecto, tal y como la Cofetel de antes, el Instituto de ahora está en condiciones de aprovechar el recurso más eminente de la regulación: el capital humano, el personal especializado que si desde aquel 1996 era ya indispensable, hoy en día se conforma como el núcleo central sobre el cual estructurar la política regulatoria y su implementación ordenada y sistemática. En aquel 1996, la Cofetel naciente pudo integrar algunos cuadros de distintas dependencias oficiales -como la Dirección General del Espectro Radioeléctrico, por ejemplo- y asimismo dispuso de la totalidad del personal del Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC), con el cual logró un posicionamiento sólido para desarrollar algunas acciones regulatorias sustantivas. La emisión de los Planes Técnicos Fundamentales, instrumentos básicos para apuntalar la liberalización del mercado telefónico, pudieron concebirse y diseñarse mediante el concurso de varios ingenieros especialistas que se habían formado en el IMC y que ahora aportaban sus conocimientos y experiencia al nuevo organismo para la ejecución de sus tareas fundamentales. Personalmente fui parte de esos equipos, y puedo atestiguar que la alta especialización y capacidad de sus miembros permitió no únicamente el generar a suficiencia las plataformas teóricas y conceptuales necesarias para estructurar los reglamentos señalados, sino también el conformar un cuerpo de funcionarios públicos capaz de interactuar con la industria para implementar efectivamente las medidas regulatorias debutantes, que abrían brecha a la competencia telefónica. Disponer del recurso humano otorgó entonces una ventaja cualitativa que la Cofetel pionera pudo capitalizar. Y para Ifetel se plantea hoy la misma posibilidad.
En las páginas que siguen me permito reseñar algunas de las particularidades que tuvo el proceso de integración de recursos humanos entre el IMC y la Cofetel. Estoy convencido de que aquella experiencia puede arrojar lecciones valiosas al asumir que, como dispone el artículo Séptimo transitorio de la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Federal de Telecomunicaciones pasarán al nuevo órgano constitucional, el Ifetel (Poder Ejecutivo Federal, 2013). La renovación del órgano regulador plantea además la oportunidad de generar acciones específicas para capacitar, preparar y profesionalizar no sólo a los recursos humanos de Cofetel que habrán de desempeñarse en el Instituto, sino igual a los nuevos elementos que arriben de otras dependencias y de la misma sociedad civil. Mi punto de partida es que cualquier actividad institucional que se proponga formar a los funcionarios públicos debe apoyarse y sostenerse en el tiempo, porque los recursos humanos capacitados generan un gran valor no únicamente para la institución que los forma y cobija, sino para que nuestro país sea más independiente y autónomo en su búsqueda de un mayor progreso y bienestar social.
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El IMC fue un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuya formación institucional se formula en el Decreto Presidencial del 15 de abril de 1987. Su primer y único Director General, el Ing. Eugenio Méndez Docurro, señalaba en su momento que el Instituto venía a conjuntar y optimizar una larga cadena de actividades de gobierno en la investigación y desarrollo de las telecomunicaciones. Las Comisiones Nacionales de Meteorología y del Espacio Exterior, creadas en la década de los sesentas, fueron unidades administrativas que asentaron el precedente de la investigación en el país, en ambos casos para el estudio de las aplicaciones espaciales. Otra estructura fundamental la constituyó el Cidet (Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones), unidad inserta en la estructura orgánica de la Dirección General de Telecomunicaciones desde 1972, y cuyas instalaciones y recursos humanos y financieros fueron los primeros insumos del IMC al crearse en 1987[3].
Si bien el Instituto tenía por función principal el desarrollar análisis, estudios e investigaciones para coadyuvar en la creación de soluciones tecnológicas en materia de comunicaciones, en su labor concreta se enfatizó desde sus comienzos que el capital humano era un recurso estratégico y fundamental para cumplir su propósito institucional. En consecuencia, uno de sus objetivos centrales fue el contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel en el área de las comunicaciones y las disciplinas afines, el cual tuvo varios asideros a lo largo de los nueve años de vida institucional que tuvo el organismo. Un buen ejemplo de ello es el programa de especialización que se diseñó y concertó con los proveedores de los satélites de comunicaciones "Solidaridad". Tanto con la empresa fabricante de los sistemas como con la compañía que suministró los servicios de lanzamiento, se establecieron obligaciones que las comprometían a asesorar a estudiantes, investigadores y funcionarios mexicanos en las disciplinas científicas, técnicas y tecnológicas asociadas al funcionamiento de los satélites de comunicación. De esta forma, se aprovecharon más de 5 mil horas/hombre de asesoría entre las partes, que se desahogaron en las instalaciones de las empresas, y que fueron financiadas por el IMC como parte de su compromiso en el proyecto[4]. Cabe señalar que el Instituto participó activamente en la definición de las especificaciones técnicas de los dispositivos satelitales, cumpliendo cabalmente los compromisos programados en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio de entonces (1988-1994) (Cfr. Poder Ejecutivo Federal, 1989).
Para desarrollar sus labores concretas y buscar su permanencia y consolidación, el IMC integró y fortaleció su plantilla de personal, sobre todo en las disciplinas de la Ingeniería. En el Instituto se edificaron y operaron hasta nueve laboratorios de investigación y experimentación en telecomunicaciones -entre los que se contó una cámara anecoica, instalación que sólo tenía parámetro en Brasil en todo el continente latinoamericano- y su manejo demandaba desde luego personal especializado tanto para proporcionar servicios a la comunidad relacionada, como para el desarrollo de las acciones de capacitación, que tuvieron un carácter permanente tanto para el personal del Instituto como para quien lo solicitara. Así, los laboratorios se confiaron a profesionales de cada materia, quienes a su vez formaron a nuevos elementos para generar un círculo virtuoso que se reprodujo durante los nueve años de operación continua.
Con la integración del IMC a la Cofetel, el personal adscrito decidió tomar varias rutas de desarrollo profesional. Algunos, quizá los menos, aprovecharon las oportunidades laborales que se ofrecían en las empresas, por su parte deseosas de los recursos humanos necesarios para sostener su desempeño emergente en el mercado de servicios, que poco a poco se liberaba y abría las posibilidades de participación privada[5]. Otros grupos formaron empresas propias de consultoría y de prestación de servicios de asesoría y representación, sobre todo para la homologación de equipos, actividad de gran demanda entonces por la apertura de las redes de telecomunicaciones y la interconexión. Varios más ingresaron a la academia, en aquellas instituciones públicas y privadas que igual buscaban formar profesionales para atender las crecientes demandas laborales que generaba la apertura. El conjunto mayor, sin embargo, permaneció en la institución que nacía y nutrió su estructura orgánica, en especial para el Área General de Ingeniería y Tecnología, una de las tres unidades que funcionaron al debut de la Cofetel.
Ya instalados en la Comisión, el personal especializado fue recurso fundamental para iniciar y mantener las actividades de desregulación del mercado de servicios. Entre otras muchas labores, su concurso fue por ejemplo esencial para efectuar los dictámenes sobre las solicitudes de concesión, en especial de aquellas que buscaban instalar las primeras redes públicas de telecomunicaciones, o bien las infraestructuras para la prestación del servicio de televisión restringida. Se intervenía también en la renovación de los criterios para la certificación de equipos, en la verificación de las normas aplicables, y los especialistas llegados del IMC asimismo participaban habitualmente como personal de soporte técnico para la toma de postura en las reuniones internacionales sobre normalización, que se celebraban en especial con Estados Unidos y el Canadá, en el marco de los acuerdos secundarios al Tratado de Libre Comercio. Igual desempeño acertado tuvo el personal de apoyo, como analistas y asistentes, que desahogaron las labores administrativas y de gestión de los recursos materiales, humanos y financieros. En su conjunto, los recursos humanos provenientes del Instituto jugaron un papel importante en el despegue institucional de la Cofetel, aportando lo mejor de su preparación y capacidad, y sobre todo su experiencia, vector decisivo para cualquier organismo público que empieza apenas a labrar su fisonomía institucional.
Pero la Comisión también debió reclutar personal en otras disciplinas y áreas del conocimiento. El IMC aportó el recurso técnico, especializado en normas y mediciones, en la ingeniería de los sistemas y de los esquemas de servicio. Las labores de Cofetel demandaban asimismo otra praxis profesional, en especial en las disciplinas asociadas a una estructura regulatoria integrada: el derecho y la economía. De esta forma, poco a poco se conformaron los cuadros principales en cada una de esas materias, para alimentar la regulación en sus contenidos principales. El aporte económico era y es fundamental para atender los temas torales de costos, precios y tarifas de los servicios inclusive; también para las proyecciones de inversión y de gasto, y para justipreciar el equilibrio financiero en la operación de los servicios. El jurídico-legal es igualmente cardinal para diseñar la reglamentación y soportar el ejercicio correcto de las disposiciones y los mandatos vigentes, y de las resoluciones propias de cada caso particular que se somete al Pleno. Se busca por lo mismo legitimar su solidez jurídica, acaso blindar la pertinencia y ética de su aplicación, y consolidar el interés público en el sector, que surge como eje fundamental en proyectos como la portabilidad de los números telefónicos, o bien en la consolidación de las áreas de servicio telefónico local. Por último, de la ingeniería se derivan actividades independientes y asimismo complementarias, que enlazan tanto el diseño de los servicios como su funcionamiento concreto. La supervisión y verificación aporta en efecto el elemento correctivo del suministro; la prospectiva tecnológica y de mercados el devenir posible de los sistemas y servicios. Entre ambos polos se cocina el entorno deseable que el órgano regulador busca aterrizar con sus resoluciones administrativas.
Tanto el personal y los especialistas que llegaron del IMC como muchos más que se han ido integrando en el tiempo, conforman hoy una plantilla competente, versada, escasa y apenas suficiente sin embargo, pero con los conocimientos y práctica profesional suficientes para alternar con ventaja en el escenario de la regulación en telecomunicaciones. Su experiencia, su instrucción, e igual su disponibilidad y afanes por aprender y mejorar, resultan idóneos para atender las nuevas condiciones institucionales que ya se han definido para el Ifetel, y para resolver con prestancia tanto los compromisos regulatorios que es preciso solventar en tiempos acotados, como para enfrentar las áreas de regulación emergentes, como los derechos de las audiencias; la propiedad cruzada de medios, o el análisis de los contenidos, que deberán analizarse y dictaminarse para el beneficio de la ciudadanía y la colectividad en general. Atender estas temáticas y encauzar su desarrollo en favor del interés público para reivindicar la prescripción constitucional ya vigente, no podría disponer de mejores recursos humanos que los adscritos ya a la estructura orgánica de la Cofetel.
El conjunto de trabajadores y personal de apoyo; de especialistas y expertos que hoy integran el núcleo laboral del organismo, conjunta en efecto las siguientes cualidades y ventajas superiores...
i) Preparación académica y curricular suficiente y adecuada para el desarrollo de sus funciones. Los profesionales que laboran en el organismo se han cultivado en las materias y disciplinas asociadas al tema regulatorio, y no solamente disponen de los conocimientos teórico-metodológicos propios y asociados a esa materia, sino también han aterrizado esa preparación en la resolución de asuntos concretos, inherentes a la realidad del mercado nacional de telecomunicaciones. Un buen ejemplo de esta cualidad se argumenta en los proyectos distintos que han abordado el análisis y la definición de los modelos de costos de los servicios. Resolver ese problema no demanda únicamente una formación sólida en economía -incluso en economía de bienes intangibles, habida cuenta por ejemplo del peso específico que alcanza el software en las estructuras del suministro- sino asimismo la capacidad y el entrenamiento para aplicar esos conocimientos en los casos concretos de interconexión que se presentan en el mercado mexicano, donde se relacionan e interactúan protagonistas nacionales definidos y con distintivos propios, y proceso que sucede además en un contexto socioeconómico e histórico-material preciso. Así, para el funcionario encargado de evaluar el tema y proponer las definiciones consecuentes, no es suficiente el actualizar sus conocimientos en economía. Esa formación representa apenas la base sobre la cual conformar su intervención letrada en la solución del problema.
ii) Experiencia probada y comprobada en el desempeño de las tareas y actividades regulatorias. Si bien la Cofetel no llega a los 20 años de existencia, la dinámica de cambio que caracteriza a las telecomunicaciones y el crecimiento sostenido que ha tenido desde la década de los noventa, son vectores que obligan a efectuar un análisis y una evaluación permanentes del sector y de sus tendencias de manera cotidiana. Ello ha exigido, e inclusive demanda todos los días, que en su conjunto los trabajadores del organismo dispongan de los conocimientos y la habilidad suficiente para detectar los cambios que se producen, examinar sus consecuencias e impactos, y proponer aquellas indagatorias y evaluaciones que con rapidez indiquen las mejores rutas a seguir, para intervenir en tales acontecimientos definitorios mediante las acciones regulatorias que se deriven y justifiquen. Por su carácter acumulativo y único, este proceso de análisis, decisión y propuesta rutinario -y que en franca paradoja únicamente se conoce cuando el tema a dictaminar llega a la agenda pública y despierta el interés general- ha generado una gran experiencia y práctica profesional que solamente puede cultivarse en la diaria labor del organismo, y en el desahogo de sus proyectos estelares. Este saber hacerde cada trabajador es entonces una cualidad invaluable para el órgano regulador y representa el desafío habitual del capital humano: no entraña sólo la voluntad y disposición del personal, ya que además sólo se conquista en el tiempo y con la praxis y continuidad laboral.
iii) Enlace, vínculos e interlocución con los protagonistas internacionales de la regulación y con la autoridad institucional del sector. Sobre todo en los últimos tiempos, el accionar de la Cofetel y de sus miembros con las instancias internacionales dedicadas a la regulación en telecomunicaciones se ha acentuado, propiciando un intercambio virtuoso de información, de conocimientos y de experiencias regulatorias entre esos actores y el personal de nuestra institución[6]. Estos encuentros y relaciones, que ya no demandan presencia física y en cambio se han prodigado mediante los sistemas electrónicos de comunicación, implican que nuestros recursos humanos puedan actualizarse y conocer de primera mano y por los protagonistas directos las mejores prácticas internacionales en la materia. Además, el diálogo e interacción entre la comunidad relacionada propicia la conformación de redes y de estructuras horizontales de consulta y vinculación, donde nuestros trabajadores pueden comunicarse con sus pares regulatorios para un intercambio siempre positivo, ya que coadyuva al crecimiento personal y colectivo de quienes participan.
iv) Disposición al aprendizaje y la preparación continua, como condición del propio ejercicio profesional. Esta cualidad colectiva resulta inherente al desempeño regulatorio. Si bien es conocido que el avance de la tecnología siempre es un desafío para la propuesta de regulación, la atención que la Cofetel dedica a la prospectiva coadyuva en el intento a no perder distancia entre el hecho tecnológico y la premisa tecnológica que busca capitalizar sus beneficios y desechar sus posibles impactos negativos para el mercado o para el consumidor. En épocas recientes, este equilibrio se ha fortalecido, como por ejemplo se demuestra con la promulgación de la resolución del Pleno para adoptar el estándar asiático en la explotación de la banda de 700 MHz. Acciones como ésta implican el desarrollo intensivo de estudios y valoraciones del entorno nacional y foráneo en temas no únicamente de naturaleza tecnológica, sino también de índole comercial; de estructuras de mercado, de normatividad internacional, e incluso de política y de diplomacia, en tanto el estándar seleccionado es diferente al que propone nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos. De esta forma, el personal adscrito a estas labores ha debido entregar su mejor esfuerzo y dedicar mucha energía a la aprehensión de una temática muy variada y plena de información y referencias.
Los cuatro distintivos que se han enfatizado indican pues que en términos de recursos humanos, la transición entre Cofetel y el nuevo Instituto está garantizada, y el organismo podrá disponer del activo fundamental de la regulación. Sin embargo, para mantener esa preeminencia en el capital humano igual es preciso implementar acciones complementarias que tanto actualicen y enriquezcan la preparación del recurso actual, como prevean que la formación de personal es área estratégica que demanda apoyos específicos para mantener un concurso superior. Enseguida, me permito acotar tres medidas concretas que pueden coadyuvar a cumplir este propósito.
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Como todo recurso humano, el personal adscrito a nuestra institución es susceptible de mejorar y optimizar su desempeño profesional. Por ello, en el documento Agenda para la Competitividadque me permití presentar hace algunos años, se consideraba ya que una de las respuestas más acertadas al desafío regulatorio es tanto la profesionalización y especialización del capital humano, como el lograr los mayores estándares de calidad en los procesos de gestión y de desempeño de la institución. Y ambos desarrollos presentan una gran sinergia (Peralta, 2010). En efecto, la combinación virtuosa entre el personal preparado, la reglamentación precisa sobre sus funciones específicas y los manuales de organización y de procedimientos del caso, así como un código de ética definido para normar el comportamiento institucional de los funcionarios de la organización, se consideraba la base esencial sobre la cual fincar el desempeño eficiente, eficaz y exitoso del órgano regulador. Aunque cada elemento tiene gran relevancia en lo particular, el componente humano prevalece como vector estratégico por el convencimiento de que su intervención calificada en los procesos y actividades es el recurso más difícil de obtener y de conservar. Los demás elementos pueden diseñarse y obtenerse; más aún comprarse. A contraparte, el capital humano debe formarse, instruirse y desempeñarse inclusive en el escenario laboral concreto para conquistar su máxima preparación, y entregar con ello un aporte óptimo a las tareas regulatorias.
Una de las propuestas de la Agenda que ante las nuevas circunstancias institucionales hoy quiero reeditar, reivindica la creación y desarrollo de un centro de capacitación y profesionalización del organismo, cuya misión evidente se focaliza en instruir, formar, actualizar y potenciar las capacidades del capital humano. La preparación a ofrecer se enfoca desde luego en las materias articuladas con los temas regulatorios, aunque una variación importante de la iniciativa es que también exploraría el suministrar contenidos formativos relacionados con la demanda del personal y con sus intereses profesionales. La visión del centro es entonces formar individuos y ciudadanos integrales, completos y responsables, que además son funcionarios públicos adscritos a las unidades administrativas del regulador. Importa entonces lo que el personal realiza para la institución, pero igual se anhela que el desarrollo humano sea la meta operativa de la instrucción y enseñanza.
De manera complementaria, el centro encuentra resonancia en un segundo instrumento, ahora organizacional: un sistema de evaluación y promoción de calificaciones gerenciales y regulatorias, instancia cuya funcionalidad es el potenciar la capacidad profesional y de respuesta de la institución a partir de diagnosticar tanto los obstáculos en los procedimientos operativos, como las desviaciones en los procesos de trabajo. La enmienda de la problemática detectada corre a cargo del personal adscrito, a quien se apoya con las herramientas adecuadas e idóneas según sea cada caso. Con ello tanto se optimiza la eficiencia de la organización como se forma e instruye a sus recursos en sitio, en el lugar mismo de trabajo y de desempeño profesional.
Finalmente, una tercera acción a contemplar refiere a las actividades de servicio social y de prácticas profesionales[7], mismo conjunto que no sólo relaciona a la institución con los estudiantes y profesionistas recién egresados de las instituciones nacionales de educación superior. Asimismo, son desarrollos que pueden constituirse como un elemento vértice de tres fortalezas, en tanto funcionan:
a) Como instrumento para sensibilizar a la sociedad en general y a los grupos académicos implicados en el estudio del sector, sobre la importancia y complejidad del diseño e implementación de las tareas regulatorias. Con ello se genera una mejor apreciación y juicio sobre la funcionalidad, marcha y actuación del organismo.
b) Como procedimiento institucional para reclutar personal preparado, el cual puede nutrir y enriquecer esas labores con un aporte profesional comprobado. Y,
c) Como plataforma de difusión de las actividades sustantivas del órgano regulador, ya que a través del involucramiento de representantes más que dignos de la comunidad académica, la sociedad podrá constatar y valorar el esfuerzo de la institución en el ejercicio de sus funciones sustantivas. Tal difusión tiene la virtud de sustentarse en una comunicación directa y frontal con los participantes en los proyectos de servicio social y prácticas profesionales.
A partir de los tres ejes citados, el objetivo general de los proyectos de servicio social y prácticas profesionales es el generar una plataforma institucional de vinculación para establecer relaciones estables de comunicación e intercambio con la comunidad académica asociada al estudio de las telecomunicaciones y a su reflexión sistemática. De esta forma, los participantes en esta iniciativa son testigos tanto de los mecanismos, fórmulas y procedimientos que se utilizan para resolver los desafíos de la regulación, como de la problemática y complejidad que ello conlleva. La compresión del quehacer de la institución sería pues más fácil, porque a partir del vínculo con la sociedad podrá valorarse el esfuerzo real que se ejecuta en forma cotidiana.
Una segunda ventaja es igualmente relevante. El programa posible puede aprovecharse para captar y asimilar personal ya preparado, fresco y con motivación, que con su involucramiento en el proyecto puede perfeccionar sus capacidades, saberes y habilidades mediante su inserción en el escenario profesional real. De igual forma y en el mismo eje de desarrollo, en tanto se busca maximizar el bagaje conceptual de los protagonistas externos mediante experiencias específicas, el personal de la institución podrá perfeccionar a la vez sus propios conocimientos y optimizar su desempeño, justo porque reflexiona y evalúa de manera permanente sobre su práctica laboral cotidiana para expresarla y transmitirla de mejor manera. Así, por partida doble, el proyecto debe arrojar beneficios importantes para el organismo.
A los tres planteamientos realizados seguramente pueden sumarse muchos más para optimizar la capacitación del capital humano del organismo. Con seguridad, no faltará imaginación ni creatividad a los funcionarios de Ifetel para implementar acciones de esa naturaleza. Lo que he pretendido en estas páginas es reconocer que los recursos humanos que hoy laboran en la Comisión son el recurso más valioso de la regulación porque disponen ya de todos los elementos para resolver los desafíos que conlleva. Y si el nuevo Instituto habrá de desempeñarse con la máxima jerarquía institucional posible, dispone ya de un activo poderoso para llevar a cabo la profunda reestructuración regulatoria de las telecomunicaciones que todos deseamos.
Bibliografía citada:
Méndez Docurro, E. (1991).
"Instituto Mexicano de Comunicaciones: una opción al futuro". En: Revista de Administración Pública. Número 79. Edición dedicada al sector de comunicaciones y transportes. En:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/79/pr/pr3.pdf
Fecha: 7 de julio de 2013.
Peralta, J.L. (2010).
Una agenda para la competitividad (Transformación de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información). Inédito.
Poder Ejecuto Federal (1989).
Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994. México, Secretaría de Programación y Presupuesto.
-------------------------------- (2013).
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. En: Diario Oficial de la Federación; 11 de junio.
1 Declaración de Carlos Casasús, primer presidente de la Cofetel, del 9 de agosto de 2012, al celebrarse el XVI Aniversario del organismo. Citado en Telecomunicaciones y Sociedad, entrada "Cofetel: creación, evolución y desafíos judiciales", del 21 de mayo de 2013. En: http://telecomysociedad.blogspot.mx/2013/05/cofetel-creacion-evolucion-y-desafios.html. Fecha: 5 de julio de 2013.
2 Cfr. Poder Ejecutivo Federal (1996). Decreto de creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En: Diario Oficial de la Federación; 9 de agosto.
3 Para conocer los antecedentes, funciones y proyectos principales del IMC, ver Méndez Docurro, 1991.
4 Una buena muestra de la importancia que tuvieron estos intercambios se aprecia en la labor del investigación del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En concreto, puede señalarse el caso del doctor Esaú Vicente Vivas, quien ha diseñado y manufacturado un satélite educativo para entrenar y capacitar a los estudiantes en la concepción, manejo y aprovechamiento de los satélites artificiales. Como lo reconoce el propio doctor, las asesorías con la Hughes Corporation, producto del programa del IMC, contribuyeron a fortalecer sus conocimientos sobre la materia, los cuales pudo traducir en un producto específico.
5 En aquella época fue muy conocido que Avantel, integrada posteriormente a Axtel, ofreció trabajo a toda la generación de ingenieros en electrónica de 1997 que estaban por graduarse en el Tecnológico de Monterrey. Tal era la necesidad de personal especializado.
6 La opinión sobre estos intercambios de algunos funcionarios y expertos internacionales puede conocerse en la Gaceta de CofetelNúmero 61-62 del período enero-abril de 2013, dedicada a analizar la posición de México en el escenario regulatorio internacional de las telecomunicaciones. Algunos de los autores que contribuyeron en la publicación, reconocen plenamente la interlocución que se consigna.
[7] Se considera que el servicio sociales una actividad laboral obligatoria, sin salario y por tiempos definidos, que busca retribuir los beneficios económicos o de otra naturaleza que la sociedad ha entregado al estudiante para que éste se dedique a cursar el programa curricular que ha elegido. Si bien por esta característica el servicio social puede llevarse a cabo en cualquier momento del período formal de estudios, se acostumbra que su prestación se realice cuando el estudiante está por acreditar la totalidad de la currícula que lo obliga en la carrera seleccionada. Las prácticas profesionales, como su designación indica, son acciones específicas con posibilidad de remuneración simbólica donde el estudiante utiliza y aprovecha los conocimientos adquiridos en el transcurso de su formación académica. Por ello, se realizan casi siempre una vez que el alumno ha acreditado la totalidad de materias y/o de cursos de su especialidad, ya que se busca que tenga la mayor preparación posible para que su aporte sea más valioso y significativo.
Publicado originalmente en la revista Etcetera. Autor: José Luis Peralta y Enrique Quibrera. Agosto de 2013